De conformidad con nuestra legislación civil el empresario responderá por los daños y perjuicios ocasionados por sus empleados mientras realizaron su trabajo. Así resulta del artículo 1903 del Código Civil, que establece que La obligación que impone el artículo anterior (esto es, la prevista en el artículo 1902 del Código Civil de reparar el daño causado por acción u omisión cuando hubo culpa o negligencia) es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder… Lo son (responsables de los daños habidos) igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones).

El empresario sólo se eximirá de dicha responsabilidad si prueba que empleó la diligencia de un buen padre de familia, el cuidado razonable, para evitar el daño. A este respecto el artículo 1903 del Código Civil establece, en su último párrafo, que “La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño”, siendo así mismo de citar, por referirse a ello, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 13, de fecha 16/05/2018, ponente Don Fernando Utrillas Carbonell, referencia El Derecho EDJ 2018/84231 (“en cuanto a la culpa extracontractual o aquiliana, aunque basada originariamente en el elemento subjetivo de la culpabilidad, según lo imponen los artículos 1101 y 1902 del Código Civil, ha ido evolucionando a partir de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 1943 hacia un sistema que, sin hacer plena abstracción del factor moral o psicológico, y del juicio de valor sobre la conducta del agente, acepta soluciones cuasiobjetivas, demandadas por el incremento de las actividades peligrosas, consiguientes al desarrollo de la técnica, lo que se traduce en el plano procesal en la inversión de la carga de la prueba de la culpabilidad, de manera que ha de presumirse “iuris tantum” la culpa del autor o agente del evento dañoso, a quien incumbe acreditar que obró con toda la diligencia debida para evitar o prevenir el daño”), y la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 5, de fecha 20/10/2015, ponente Don José Herrera Tagua, referencia El Derecho 2015/265883 (“En parecidos términos, la Sentencia de 16 de mayo de 2003 declara que: “El primer párrafo del artículo 1903 del Código Civil establece un sistema de inversión de la carga de la prueba , ya que corresponde al responsable por el hecho u omisión de otro, acreditar que no tiene responsabilidad por haber obrado de acuerdo con la diligencia de un buen padre de familia para prevenirlo; si no lo acredita, demuestra su culpabilidad y por ello se le sanciona. El empresario, en virtud del mismo artículo 1902, parece que ha de responder de los actos de su dependiente cuando y en cuanto éste obra como instrumento o pieza indispensable para el funcionamiento de la empresa. Y frente a una interpretación estricta de la condición de empleado, la jurisprudencia ha contemplado de modo muy liberal la relación personal entre el causante de un daño y la persona relacionada con él, de quien se le puede hacer responsable…Esta responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del mencionado artículo, cesa cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño, como señala la Sentencia de 2 noviembre 2001 : “la responsabilidad del art. 1.903 se basa según proclama la jurisprudencia (SS. 18 nov. 1.963, 23 dic. 1.964 y 28 de enero de 1.983) en una presunción de culpa que solo puede destruirse mediante una prueba en contrario”. En estos mismos términos, declara la Sentencia de 21 de junio de 2001 que: “cesa la responsabilidad cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño””).

Y hay más. E importante. En reclamación de indemnización por los daños y perjuicios sufridos, la persona perjudicada puede demandar directamente contra el propio empresario, sin necesidad de demandar, previa o simultáneamente, al empleado que ocasionó los daños, evitándose así los inconvenientes, procesales y de sobrecoste de su reclamación, que ello conllevaría. A este respecto podemos citar diversas resoluciones de nuestros tribunales: la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 5ª, de fecha 20/10/2015, ponente Don José Herrera Tagua, referencia El Derecho 2015/265883 (“Esta responsabilidad se ha calificado por la jurisprudencia como una responsabilidad por riesgo, es decir objetiva, y solidaria con la obligación del causante, STS de 12 de diciembre de 2.002, y desde luego directa, nunca subsidiaria, porque como señala la Sentencia de 16 de febrero de 1.988 es el empresario quien se aprovecha de la actividad del otro, consiguiendo una ampliación beneficiosa de la esfera negocial. En parecidos términos, la Sentencia de 24 de marzo de 2003 declara que: “esta Sala tiene declarado con reiteración que la responsabilidad impuesta por el artículo1903 al empresario no es subsidiaria sino directa, al derivarse del incumplimiento de los deberes determinados por las relaciones de convivencia social de vigilar a las personas que están bajo la dependencia de otros y de emplear la debida cautela en la elección de servidores y en la vigilancia de sus actos (por todas, STS de 8 de mayo de 1999)”. El fundamento de esta responsabilidad se determina, como nos dice la Sentencia de 28 de enero de 1.983, en el incumplimiento de los deberes que imponen las relaciones de convivencia social de vigilar a las personas, que están bajo la dependencia de determinadas personas, y por tanto sus actos, culpa in vigilando y de emplear la debida cautela en la elección de servidores, culpa in eligendo. En parecidos términos, se pronuncia la Sentencia de 24 de marzo de 2.003 y 8 de mayo de 1.999. Se trata de un reproche por la infracción del deber de cuidado o del control de la actividad desarrollada por el empleado … No es preciso que exista una relación de dependencia sino que basta la atribución de facultades de fiscalización, vigilancia y control, y la correlativa obligación para la empresa ejecutora de atender y seguir las instrucciones, STS de 2-11-01. Aún cuando se trate de una relación de dependencia, no tiene necesariamente que tener carácter laboral, sino que puede derivarse de otras relaciones jurídicas, como puede ser el contrato de arrendamiento de obras o servicios, añadiendo la resolución mencionada que concurre siempre que: “se haya reservado o le corresponda a la entidad a quién se atribuye la culpa “in vigilando”, la vigilancia, intervención, control, o cierta dirección en los trabajos efectuados o a efectuar por el agente causante del daño, o empresa a que éste pertenece o para quién actúa, y que el acto lesivo haya sido realizado en la esfera de actividad del responsable”… La más reciente doctrina, y la jurisprudencia, vienen proclamando que la responsabilidad impuesta por este artículo a los que deben responder por otras personas que de algún modo les están sometidas, no es subsidiaria, sino directa, ya que se establece por incumplimiento de los deberes que imponen las relaciones de convivencia social, de vigilar a las personas y a las cosas que están bajo la dependencia de determinadas personas y de emplear la debida cautela en la elección de servidores y en la vigilancia de sus actos (Sentencia de 16 de abril de 1973). La sentencia de 26 de junio de 1984, declara que la responsabilidad del empresario es de naturaleza autónoma, distinta e independiente de la que el artículo 1902 atribuye al autor material del daño“, e igualmente la sentencia del Tribunal Supremo, sala 1ª, de 21 de junio 2006, ponente Don Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, referencia El Derecho EDJ 2006/89284 (“hay que traer a colación la sentencia de 24 de junio de 2000 que dice “La responsabilidad por hecho ajeno tipificada en el párrafo cuarto del artículo 1903 del Código Civil se basa en una relación de dependencia o subordinación entre el causante material del daño y el empresario demandado, además de que el acto antijurídico y lesivo haya sido realizado en la esfera de actividad del responsable, siempre con posibilidad de acción directa contra el titular de la empresa (sentencias de 18 de junio de 1979, 4 de enero de 1982, 28 de febrero de 1983 y 26 de junio de 1984, entre otras); y ya se la funde en la intervención de culpa “in eligendo” o “in vigilando”, por infracción del deber de cuidado reprochable al segundo en la selección de dependiente o en el control de la actividad por éste desarrollada, bien se prescinda de tales presunciones y se acuda a la responsabilidad por riesgo, siguiendo el criterio mayoritario (Sentencias de 4 de enero de 1982 y 3 de julio de 1984), ciertamente será indispensable una actuación culposa del dependiente o empleado (sentencia de 9 de julio de 1984), como se desprende del fundamento mismo de tal responsabilidad y del párrafo primero del propio artículo 1903 (sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 1985)”. Así como cuando la de 8 de mayo de 1999 afirma que: “La responsabilidad que impone el precepto dicho -artículo 1903-3- al empresario no es subsidiaria sino directa, al derivarse del incumplimiento de los deberes impuestos por las relaciones de convivencia social de vigilar a las personas que están bajo la dependencia de otros y de emplear la debida cautela en la elección de servidores y en la vigilancia de sus actos, como así ha venido declarándose de manera constante en la jurisprudencia de la Sala””). Y precisamente por ello, porque se trata de una acción directa y basada en la solidaridad que hay entre los responsables, en supuestos como el que nos ocupa el empresario no podrá oponer la excepción del artículo 416.3 LEC, es decir, no evitará una sentencia condenatoria mediante el argumento de que el dependiente que materialmente causó el daño no ha sido también demandado; a este respecto cabe citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, sección 3ª, de fecha 27/09/2017, ponente Doña María del Carmen Ordóñez Delgado, referencia El Derecho EDJ 2017/223746 (“En su primer motivo, reitera la excepción previa de falta de litisconsorcio pasivo necesario y como sucediera en la instancia, este motivo debe nuevamente decaer por cuanto existe una reiterada y constante doctrina jurisprudencial (SSTS de 15.12.99, 13.02.01 y 13.11.2000) que establece que en el ámbito de la responsabilidad extracontractual en el que nos encontramos (art. 1.903 CC) se ha proclamado la solidaridad entre los responsables del evento dañoso, de ahí que no pueda estimarse dicha excepción pues no es necesario traerlos a todos al proceso, basta con dirigir la demanda contra uno de ellos, pues todos y cada uno de los responsables, frente al perjudicado, es deudor por entero del deber de reparar la totalidad del daño causado (art. 1.144 CC) todo ello sin perjuicio de las posteriores reclamaciones entre los obligados al amparo del artículo 1.145-2º del Código Civil”), la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 5ª, de fecha 15/04/2015, ponente Don José Herrera Tagua, referencia El Derecho 2015/111266 (“En el ámbito de la responsabilidad extracontractual se ha proclamado la solidaridad entre los responsables del evento dañoso, de ahí que no pueda admitirse la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, por cuanto no es necesario traerlos a todo, basta con dirigir la demanda contra uno de ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de éste. Y ello por entender, de conformidad con una reiterada y consolidada doctrina jurisprudencial, que cada uno de los obligados a reparar el daño es deudor por entero, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.144 del Código Civil, sin perjuicio, como ya hemos señalado, del derecho de repetición entre ellos, entre otras, SSTS de 15-12-9913-2-01 y 13-11-00. Esta última declara que: “En este sentido reiteradamente ha señalado el Tribunal Supremo que “el vínculo de solidaridad que liga a todos aquellos a quienes alcanza la responsabilidad de reparar el daño causado por la ejecución de un acto ilícito en los supuestos del art. 1.903 del Código Civil deriva contra cualquiera de los obligados puesto que cada uno de ellos frente a dicho perjudicado, es deudor por entero del deber de reparar la totalidad del daño causado según el art. 1.144 del Código Civil y esta posibilidad legal de ejercitar la pretensión indemnizatoria contra cualquiera de los deudores o contra todos ellos simultáneamente excluye que puedan oponerse con éxito situaciones de litis consorcio necesario en cuanto la relación jurídica procesal queda válidamente constituida demandando a cualquiera de los obligados solidarios, sin perjuicio, claro es, de las posteriores reclamaciones entre ellos al amparo del art. 1.145-2º del Código Civil (sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1983, entre otras muchas)””), y la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de fecha 18/04/2006, ponente Vicente Luis Montes Penadés, referencia El Derecho EDJ 2006/59551 (“La excepción de litisconsorcio pasivo necesario …trata de evitar que la sentencia que recaiga afecte a quien no ha sido parte en el proceso cuando la tutela jurisdiccional solicitada solo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados …. Varias decisiones de esta Sala han establecido que en el caso de haberse producido un evento dañoso indemnizable por acción u omisión de varias personas, esto es una pluralidad de comportamientos que pueden ser simultáneos o sucesivos e incluso independientes y autónomos, siempre que se genere una concurrencia causal única en la producción del resultado dañoso, se estará ante un caso de solidaridad …No juega en tales casos la excepción invocada, y el perjudicado puede dirigirse a cada uno de los sujetos a que alcanza la responsabilidad como deudor por entero de la obligación de reparar el daño causado, conforme dispone el artículo 1144 del Código civil (Sentencias de 3 de enero de 1979, de 30 de diciembre de 1981, de 28 de mayo de 1982, de 21 de octubre de 1988, 22 de noviembre de 1993, de 12 de diciembre de 1998, 14 de abril y 5 de junio de 1989, de 14 de abril de 2001, de 15 de febrero, 12 de abril y 18 de julio de 2002, entre otras). Bastaría, pues, esta consideración para descartar la excepción que se invoca, y desestimar el motivo”).

En definitiva, de conformidad con cuanto antecede, el empresario responde por los daños ocasionados con culpa o negligencia por sus propios empleados, no podrá evitar dicha responsabilidad más que probando que empleó la diligencia debida (er este caso la de un buen padre de familia), y dicha responsabilidad se le puede exigir directamente al propio empresario sin necesidad de demandar también al empleado que ocasionó el daño.

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